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En abril de 2020, David Riveros García y María Esther Roa demandaron a la Contraloría General de la República (CGR) y consiguieron una orden judicial que obliga al ente a publicar las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de todos los administradores de recursos de la Ley de Emergencia. Para cumplir esta sentencia, la CGR remitió notas a fin de que las instituciones afectadas informen quiénes son los operadores de gastos responsables.

Hasta la fecha 3 instituciones todavía no remitieron las notas con los nombres de las personas cuyas DD.JJ. la CGR debe publicar.